Por fin aprobamos inicialmente las Normas Urbanísticas para Peñaranda de Bracamonte. Las actuales fueron aprobadas el 19 de mayo de 1987 y se han quedado obsoletas. Era necesario dar este paso para realizar una ordenación general del término municipal de Peñaranda de Bracamonte, muy maltrecho debido a decisiones erróneas y a la excesiva permisividad con la que se ha gobernado durante las últimas legislaturas en materia urbanística.
Además necesitamos adaptar las normas a la realidad urbanística de Peñaranda y a la nueva legislación para recuperar las competencias en nuestro propio suelo, según indica la Ley de 1999 que obliga a revisar dichas normas del año 1987, y que vuelve a incidir en el mismo sentido el Reglamento de 2004.
Estas Normas tienen en cuenta el Plan Especial de Protección del Centro Histórico-Artístico, que también lo ha tenido que realizar este equipo de gobierno, ya que en el año 2001 se hizo uno, aprobado incluso por la Comisión Territorial de Urbanismo, que no se llegó a aplicar definitivamente, por razones que desconocemos.
La aprobación de las normas subsidiarias de 1987 coincidió con la consolidación económica tanto de España como de Peñaranda. En estos últimos 26 años se han edificado más de 1.000 viviendas en Peñaranda solo en suelo urbano, es decir un 30% del censo total que supera las 3.000. Pero este hecho no ha contribuido a crear un crecimiento urbanístico adecuado, al contrario se ha forzado la interpretación de las normas beneficiando a particulares con el perjuicio de la generalidad de la población.
El actual equipo de gobierno tiene y va a asumir las consecuencias de no haber ejercido la responsabilidad municipal en las anteriores legislaturas, por una falta de voluntad política para ejercerla.
Seguiremos las directrices marcadas por el equipo redactor de las normas, y haremos frente a las sentencias de los Tribunales de Justicia que ya se van produciendo, y a las denuncias del Colegio de Arquitectos de Salamanca que han pedido al Procurador del Común que investigue a Peñaranda por haber permitido obras de vecinos que no cumplen con la legalidad, que generan construcciones que no son seguras ni sostenibles, además de potenciar la economía sumergida.
Sabemos que no podemos aspirar más que a una cierta regularización o reconocimiento de las muchas situaciones ilegales o irregulares consentidas durante demasiados años. Sabemos que serán necesarias grandes dosis de imaginación y de voluntad política para resolver un problema grave, tanto por la intensidad edificatoria como por la extensión de las ocupaciones.
Estas ilegalidades e irregularidades que han sido permitidas, potenciadas, e incluso impulsadas por el anterior equipo de gobierno han traído gravísimos problemas de urbanización, además de crear unas expectativas falsas, ficticias, e irreales a los propietarios que ahora tendremos que asumir, enfrentándonos a estos problemas con una capacidad económica reducida tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de los propietarios.
Los problemas urbanísticos se han creado en todos estos años de gobierno socialista, y aunque han tenido tiempo de sobra no han sabido o no han querido sacar adelante unas Normas Urbanísticas y un plan Especial de protección del Centro Histórico-Artístico muy necesarios para nuestra ciudad, que hubieran paliado, al menos en parte, los problemas que ellos mismos han generado.
