Segunda República

En el año 1931 se cambió la forma de gobierno en unas Elecciones Municipales, en un ambiente de violencia generalizada el Rey Alfonso XIII abandonó España rumbo a Marsella.

Durante la Segunda República no hubo libertad de expresión a causa de la Ley de defensa de la República que se utilizaba para silenciar a una parte de la sociedad, no hubo libertad de contratación por la Ley Agrícola donde primaban las razones ideológicas por encima de las económicas, no hubo libertad de culto y se asesinaba por el hecho de ir a misa por no hablar de las miles de iglesias quemadas o de los miles de religiosos asesinados con la única culpa de no renegar de su fe, no hubo libertad de asociación incluso se torturaba en las Checas por esbirros que actuaban con total impunidad, no hubo libertad de prensa y muchos periódicos fueron confiscados, quemados y cerrados por publicar lo que estaba pasando, no hubo libertad de educación, etc …

Según Stanley G. Payne el desmoronamiento de la legalidad republicana tuvo facetas amplias y variadas, entre las que se encontraban las siguientes:

• Una gran oleada de huelgas sin precedentes, muchas de ellas no convocadas con objetivos normales, sino buscando dominar la propiedad privada, con frecuencia acompañadas por la violencia y la destrucción de la propiedad.
• La ocupación ilegal de tierras y propiedades, a veces legalizada de facto por un gobierno débil y desconcertado, bajo la presión de los revolucionarios. Tuñón de Lara ha calculado que entre la aceleración de la reforma agraria y las ocupaciones ilegales, aproximadamente el 5 por ciento de toda la propiedad agrícola cambió de manos. Las consecuencias económicas fueron en gran parte destructivas, puesto que el cambio no impulsó la modernización y la productividad, sino una redistribución de la pobreza sin capital o desarrollo tecnológico.
• Una oleada de incendios y destrucción de la propiedad, sobre todo en el sur.
• La ocupación ilegal y violenta de iglesias y otras propiedades religiosas, principalmente en el sur y en el este.
• El cierre de escuelas católicas, provocando una crisis en la educación y en algunos sitios la supresión de las actividades religiosas normales, con la expulsión física de los sacerdotes.
• Un declive económico notable -que nunca ha sido investigado-, con el descenso de la bolsa, la huida de capitales y el abandono del cultivo, puesto que los costos de la cosecha eran superiores a las posibles ganancias. Así, varios de los alcaldes socialistas trataron de imponer a los terratenientes la «pena de quedarse», en vez de la pena de expulsión.
• Una censura amplia con limitaciones aún más severas en la libertad de expresión y el derecho a las reuniones públicas.
• Centenares -en ocasiones miles-, de detenciones políticas arbitrarias de los afiliados de partidos de derecha.
• La impunidad por los delitos de miembros de los partidos del Frente Popular, con muy escasas detenciones. Ocasionalmente se detenía a cenetistas, que no formaban parte del Frente Popular.
• La politización de la justicia, con la instrucción de proceder arbitrariamente a detenciones políticas y a la ilegalización de los partidos de derechas. A pesar de las cuatro insurrecciones violentas de los movimientos revolucionarios contra la República -que no tuvo contrapartida entre los partidos de derechas- en ningún caso los responsables fueron procesados por ellas, y menos con la politización total de la justicia, un elemento básico del programa del Frente Popular.
• Ilegalización y disolución de los grupos derechistas, comenzando con Falange en marzo y con los sindicatos católicos en mayo. El próximo objetivo, fijado para julio, era el partido monárquico Renovación Española.
• Distorsión fundamental del proceso electoral, con los desórdenes del 16, 17 y 18 de febrero, seguidos de la confiscación arbitraria de muchos escaños de los partidos de derechas por la Comisión de Actas de las Cortes en marzo, y con la exclusión de éstos en la repetición de las elecciones de mayo en Cuenca y Granada.
• La subversión de las Fuerzas de Seguridad a través de la reposición de agentes y oficiales de policía procesados y expulsados por sus acciones subversivas en 1934. Uno de estos agentes, el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés, mandó el grupo que secuestró y asesinó a Calvo Sotelo. También fue notable la costumbre de nombrar «delegados de policía», normalmente activistas de los partidos socialista y comunista, como personal de policía suplementario para funciones especiales. En este caso se seguía el precedente del gobierno de Hitler, que en 1933 nombró a miembros de las SA y de las SS como Hilfspolizei, aunque en España el fenómeno aún no había tomado las dimensiones de Alemania.
• La gran extensión de la violencia política, aunque ésta fue muy desigual. En algunas provincias hubo mayor tranquilidad, mientras que la peor violencia se dio en las ciudades más grandes. En menos de seis meses murieron más de trescientas personas, con un mayor número de obreros al reprimir la policía su participación en actividades violentas.